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Reforma de los arrendamientos de vivienda durante el estado de alarma

El reciente Real Decreto 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se incluyen una serie de modificaciones de carácter temporal en la regulación del régimen jurídico de los arrendamientos urbanos. Las medidas que ha adoptado el gobierno afectan tanto a los arrendatarios de viviendas como a los propietarios y tenedores de éstas.

Las medidas adoptadas más importantes son las siguientes:

  • La suspensión temporal de los lanzamientos a los inquilinos en situación de vulnerabilidad hasta que se adopten medidas por los servicios sociales.
  • La adopción de medidas a favor de los propietarios que pasen a estar en situación de vulnerabilidad a causa de la expansión del virus.
  • Permite la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda por un máximo de seis meses, a solicitud del arrendatario y con aceptación del arrendador.
  • La moratoria de la deuda arrendaticia para los arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica cuyo arrendador sea una empresa, una entidad pública o un gran tenedor de vivienda.
  • Una línea de créditos avalada por el Estado para el pago de las rentas de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad.

El decreto, quizá debido a la premura y a la situación de excepcionalidad, tiene una serie de lagunas y confusiones que pueden dar lugar a muchas dudas y litigios innecesarios. Además, establece regulaciones diferentes en función de que el propietario de la vivienda sea una empresa o un particular. No encontramos ninguna razón que avale que un inquilino tenga más o menos derechos en función de quien sea el propietario de su casa.

Por otra parte, no regula en modo alguno los arrendamientos de locales y sería interesante que, al menos, permitiera a los propietarios condonar las rentas a sus arrendatarios sin tener que pagar el IVA, ni declarar como ingreso las cantidades que no cobran.

Lo más preocupante, desde el punto de vista del propietario, es que el legislador vuelve nuevamente a hacer recaer sobre los propietarios de viviendas el coste de las ayudas sociales que debería de solventar directamente el Estado.